LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LAS CONCESIONES PORTUARIAS A LOS CLUBES NÁUTICOS.(LEY DE PUERTOS DE LAS ISLAS BALEARES)

Mediante la Ley 3/2026, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares, vigente desde el 31 de mayo de 2026, el legislador balear ha llevado a cabo una reforma significativa del régimen jurídico aplicable a los puertos de su competencia autonómica.

Desde la perspectiva de los clubes náuticos, una de las novedades de mayor trascendencia es la incorporación de una HABILITACIÓN LEGAL QUE PERMITE ACUDIR AL PROCEDIMIENTO De ADJUDICACIÓN DIRECTA DE DETERMINADAS CONCESIONES PORTUARIAS, en aquellos supuestos en que concurran las circunstancias previstas por la ley.

La norma prevé dos vías específicas que permiten acudir a este procedimiento:

a) Clubes náuticos o entidades deportivas sin ánimo de lucro con declaración de utilidad pública

La primera vía opera cuando la solicitud es formulada por un club náutico u otra entidad deportiva sin ánimo de lucro que disponga de la correspondiente declaración de utilidad pública.

En este supuesto, el legislador reconoce la especial función social, deportiva y formativa desarrollada por estas entidades, circunstancia que justifica la posibilidad de acceder a una concesión sin necesidad de un procedimiento competitivo.

b) Reserva de al menos el 80% de los amarres para embarcaciones de hasta 15 metros de eslora.

La segunda vía permite la adjudicación directa cuando las condiciones de la concesión establecen que, como mínimo, el 80% de los amarres disponibles se destinen a embarcaciones de eslora igual o inferior a 15 metros.

Esta previsión responde a la voluntad del legislador de favorecer la náutica social y recreativa, facilitando el acceso a los amarres a las embarcaciones de menor dimensión que constituyen la base principal de la navegación deportiva y de recreo en las Islas Baleares.

Desde una perspectiva jurídica, el punto más relevante de la nueva regulación es que la norma establece que «podrá acudirse en la adjudicación directa», y no que la concesión «se adjudicará directamente».

Esta diferencia terminológica es esencial. La disposición no configura un derecho subjetivo de los clubes náuticos a obtener una concesión por adjudicación directa, sino que atribuye a la Administración portuaria una facultad legal para emplear este procedimiento cuando concurran los requisitos previstos por la ley.

Por lo tanto, los clubes náuticos pueden solicitar la aplicación de este régimen excepcional y la norma habilita expresamente la Administración para que pueda tramitar la concesión sin necesidad de convocar un concurso público. Sin embargo, la decisión administrativa tendrá que estar debidamente motivada y respetar en todo caso los principios generales que rigen la gestión del dominio público, así como el interés público portuario.

La voluntad del legislador resulta clara: reforzar la presencia de los clubes náuticos dentro del sistema portuario de las Islas Baleares y facilitar la continuidad de su actividad mediante mecanismos que permitan la obtención o renovación de concesiones por la vía de la adjudicación directa. Esta voluntad es especialmente evidente cuando se trata de entidades sin ánimo de lucro que desarrollan una función social y deportiva acreditada o cuando la concesión está orientada mayoritariamente a dar servicio a embarcaciones de pequeña y media eslora.

La reforma incorpora varias medidas de interés, entre las cuales destacan:

•        La regulación del procedimiento de competencia de proyectos con un tratamiento específico para las entidades deportivas sin ánimo de lucro.

•        Los requisitos reforzados para las prórrogas concesionales, con especial relevancia del plan deportivo.

•        La previsión de reservas de espacios portuarios para entidades náuticas deportivas sin ánimo de lucro.

•        El reconocimiento explícito, a la exposición de motivos, de la función social, deportiva y formativa de los clubes náuticos dentro del sistema portuario balear.

Qué implicaciones legales tienen las decisiones judiciales sobre la prórroga de concesiones portuarias.

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Las decisiones judiciales sobre la prórroga o ampliación de concesiones portuarias conocidas hasta 2026 tienen implicaciones legales en caso de anulación de denegaciones administrativas y clarificación de la naturaleza de las potestades administrativas ejercidas por las Autoridades Portuarias.

Declaración del Derecho a la Ampliación por Cumplimiento de Requisitos: Un acto presunto de denegación de la solicitud de ampliación puede ser declarado no conforme a Derecho y anulado. Si el concesionario cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en la Disposición Transitoria Décima del TRLPEMM (como los plazos, la documentación y los compromisos de inversión), se declara el derecho del solicitante a que la Autoridad Portuaria le otorgue la ampliación del plazo de las concesiones. El otorgamiento de la ampliación bajo esta disposición se considera un acto reglado, o si fuese discrecional, debe estar motivado, siendo un acto presunto, por definición, inmotivado.

 Obligación de la Administración de Resolver sobre el Fondo: Cuando la Autoridad Portuaria inadmite o archiva una solicitud de prórroga, el tribunal puede anular dicha resolución y obligar a la AP a ejercer la potestad discrecional que le atribuye la ley (Art. 82 TRLPEMM). Aunque la prórroga es una potestad discrecional, la AP debe justificar el ejercicio de esa potestad, motivando si se cumplen los elementos reglados asociados, como el nivel mínimo de inversión o el carácter estratégico de la concesión.

Distinción entre Potestad Regladas y Discrecionales: Las sentencias diferencian la naturaleza de la potestad según el fundamento legal: ◦ La decisión sobre prórrogas (Art. 82 TRLPEMM) generalmente se enmarca en el ejercicio de una potestad discrecional ligada a la apreciación del interés portuario. ◦ La ampliación del plazo de concesiones regulada en la Disposición Transitoria Décima del TRLPEMM se considera conectada a una necesidad detectada por el legislador y sujeta a una regulación detenida y prácticamente agotadora de requisitos.

Requisitos de Informes Preceptivos: Las decisiones judiciales interpretan los procedimientos administrativos necesarios. La jurisprudencia ha precisado que el informe de Puertos del Estado solo es ineludible y debe ser favorable cuando la Autoridad Portuaria decida ampliar el plazo de la concesión, pero no es preceptivo si decide inadmitir o desestimar la solicitud de ampliación.

Reconocimiento del Derecho a la Prórroga por Novación del Título: En casos donde un contrato de gestión de servicio público ha sido transformado legalmente en una autorización de actividad, y se solicita la ampliación al amparo de la Disposición Transitoria Décima del TRLPEMM, la anulación de la denegación implica que el concesionario accedió a la ampliación concesional.

Estos son los criterios que podemos deducir de «tribunales menores», y hemos de esperar las resoluciones del Tribunal Supremo para que se pronuncien sobre estos temas.

Avance Legislativo para la Náutica: Desayuno con la DGMM en el Salón de Barcelona 2025

Juame PRats Legal PArtrico en el encutro ANEN y DGMM

Un encuentro clave para el sector náutico ha tenido lugar en el marco del Salón Náutico Internacional de Barcelona. Ana Núñez Velasco, Directora General de la Marina Mercante (DGMM), compartió una sesión reservada con los asociados de ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas) para abordar el desarrollo normativo y las mejoras legislativas que impactan directamente en la actividad.

La DGMM centró su intervención en el impulso y la clarificación de las normativas que rigen la náutica de recreo y profesional, reconociendo la necesidad de adaptar el marco legal a las realidades y desafíos actuales del sector.

  • Simplificación y Modernización: Se enfatizó el compromiso de la DGMM con la simplificación de trámites y la modernización de la legislación para fomentar la competitividad y facilitar la actividad empresarial y deportiva en España.
  • Formación Marítima: La formación y titulación náutica fue un tema central, buscando mejorar y actualizar los requisitos para garantizar la seguridad y la profesionalización del sector.
  • Colaboración Público-Privada: Se destacó la importancia del diálogo constante con asociaciones como ANEN para que las futuras regulaciones se elaboren con el conocimiento directo de las necesidades de la industria.

La DGMM subraya la voluntad de la administración de trabajar con la industria para impulsar el crecimiento sostenible de la náutica en España. Las mejoras legislativas son fundamentales para:

Aumentar la atracción de inversión en el sector.

Garantizar la seguridad marítima y ambiental.

Facilitar la operativa de las empresas náuticas.

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La Náutica Social y la Protección Jurídica de los Clubes Náuticos: Un Imperativo para el Futuro

El 6º Simposio de Clubes Náuticos, celebrado en Sanxenxo en octubre de 2025 y organizado por FEACNA, ha puesto sobre la mesa una cuestión crucial: la toma de conciencia sobre la labor social que desempeñan los clubes náuticos y las consecuencias que puede acarrear la falta de protección normativa para su continuidad. Este encuentro,  abordó temas como la sostenibilidad, la descarbonización, la modernización de la gestión portuaria y la promoción del deporte base.

La Náutica Social: Un Derecho Universal

La denominada “náutica social” no es un concepto meramente recreativo, sino una herramienta de integración y acceso universal al mar. Según Javier Ruiz de Cortázar, presidente de FEACNA, la administración pública debe reconocer que la náutica social “es para todos, con carácter global”, y garantizar que esta filosofía impregne las relaciones con las instituciones que aplican la legislación marítima vigente.

Marco Normativo Actual

La actividad de los clubes náuticos se desarrolla en un marco jurídico complejo, donde confluyen varias normas:

  • Ley 14/2014, de Navegación Marítima, que regula la seguridad, la protección ambiental y el uso del mar territorial, armonizando el derecho interno con los convenios internacionales.
  • Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011), que establece el régimen concesional para instalaciones en dominio público marítimo-terrestre.
  • Ley de Costas, que condiciona la ocupación del litoral y cuya interpretación restrictiva ha generado incertidumbre en la renovación de concesiones para clubes náuticos, pese a su carácter social y deportivo.
  • A ello se suman normativas autonómicas que, en ocasiones, penalizan el modelo asociativo frente a sociedades mercantiles, creando una asimetría jurídica que amenaza la continuidad de entidades sin ánimo de lucro.

Retos y Propuestas

El simposio concluyó con varias líneas de acción prioritarias:

  1. Reconocimiento legal expreso de la función social de los clubes náuticos, incorporando criterios de interés general en los pliegos concesionales.
  2. Homogeneización normativa para evitar desigualdades entre comunidades autónomas.
  3. Impulso a la sostenibilidad y descarbonización: la electrificación de puertos deportivos y la implantación de energías renovables son ya compromisos asumidos por el sector, con planes que prevén reducir un 30% las emisiones de CO₂ a medio plazo.

La continuidad de los clubes náuticos no es solo una cuestión empresarial, sino un asunto de interés público vinculado al deporte, la cultura marítima y la sostenibilidad. La falta de protección jurídica puede poner en riesgo un modelo que genera empleo, cohesión social y contribuye a la economía azul. Es momento de que las administraciones y el legislador actúen para consolidar un marco normativo que garantice la náutica social como derecho universal.

Negociación entre abogados y la oferta vinculante confidencial.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, introduce una reforma integral del sistema judicial español con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente la Administración de Justicia.

La norma destaca por introducción de la obligatoriedad de intentar una resolución extrajudicial mediante MASC (como mediación, conciliación, negociación directa, entre otros) antes de acudir a la vía judicial en asuntos civiles y mercantiles.

La Ley Orgánica 1/2025 no obliga a modificar las cláusulas sobre jurisdicción ni de ley aplicable, ni impone el arbitraje, en los contratos de cesión de amarre, en los contratos de prestaciones de servicios portuarios, o en los contratos de compraventa de embarcaciones, pero sí que es recomendable revisar dichos contratos, porque si en el contrato existe una remisión genérica al arbitraje, se cierran inconscientemente otras opciones como requisito previo para resolver el conflicto mediante un MASC.

Aunque las cláusulas de arbitraje siguen siendo válidas y eficaces, las partes deben acreditar que han intentado una resolución extrajudicial antes de acudir a los Tribunales y pueden optar por requisitos de procedibilidad más sencillos que el complejo arbitraje, la mediación o la conciliación: bien sea por una negociación entre abogados, bien sea una oferta vinculante confidencial.

Antes de acudir al Juzgado se recomienda una negociación entre abogados, o una oferta vinculante confidencial.

Bonificación a la seguridad social por contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro.

La ley 7/2024, de 20 de diciembre, que introduce en su Disposición Adicional Segunda la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes por contratación de personal dedicado a la formación, preparación o entrenamiento de menores de dieciocho años en los clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro.

La bonificación a la Seguridad Social la pueden solicitar los clubes, asociaciones o entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro.


La bonificación afecta a la contratación personas trabajadoras a su servicio que actúen como entrenadoras o monitoras dedicadas a la formación, preparación o entrenamiento de personas menores de dieciocho años.

La contratación debe serlo para una práctica deportiva no profesional, por ello no se incluirán como bonificadas aquellas relaciones laborales sometidas a la relación de deportistas profesionales regulados en el RD 1006/1985.

El importe de la bonificación es el 100 % de la cuota empresarial por contingencias comunes, es decir, el porcentaje del 23,60% del concepto relativo a contingencias comunes de empresa, pero no por otros conceptos (horas extras, MEI, desempleo, FOGASA o formación profesional…), ni a las cuotas de la persona trabajadora.

La ley 7/2024 entró en vigor el día 22 de diciembre de 2024.

El valor de referencia en la transmisión de los amarres para la Agencia Tributaria en Catalunya 2025, 2024 y 2023.

amarre Club Vela Blanes

El «valor de referencia señalado por el catastro» es el elemento determinante de la base imponible cuantificando el valor de los inmuebles.

En lo que afecta al valor de los amarres, la Generalitat de Catalunya ha manifestado que NO EXISTE VALOR DE REFERENCIA PARA LOS AMARRES y que la guía continuará siendo el valor de €/m2 de agua que configuran los derechos de uso preferente de amarre y que tradicionalmente vienen publicándose cada año.

Los valores de los años anteriores 2022, 2021 y 2020 pueden descargarse AQUI

Instituto Social de la Marina. estructura y funciones

El Instituto Social de la Marina, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El ISM está adscrito a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y tiene una doble dimensión de competencias:

  • como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero y
  • como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar

Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina (enlace)

Guía del encuadramiento en el Régimen Especial del Mar (enlace)

Reforma de las prórrogas de las concesiones portuarias.

refineria en terminal portuaria

El BOE de 2 de agosto de 2024, publica la Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que modifica, en su disposición final segunda, el artículo 82.2 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El Texto refundido (TRLPEMM) consolida un único criterio del régimen de las prórrogas para todas las concesiones, con independencia de la fecha de su otorgamiento, que ya avanzó la Ley 13/2023, de 24 de mayo.

Además, para que no hayan dudas, esta modificación es de aplicación retroactiva a expedientes de prórroga del plazo concesional que se hallen en tramitación, iniciados antes de su entrada en vigor y todavía no resueltos.

La reforma no altera el esquema tradicional de prórrogas ordinarias y extraordinarias. Tampoco se modifica el plazo máximo de cada tipología de prórroga, que se mantiene en
50 años para las modalidades ordinarias y en 75 años para las extraordinarias

De la reforma de las prórrogas extraordinarias destacaríamos 2 puntos:

a) se modifican determinados aspectos de las prórrogas extraordinarias porque se eleva el nivel de inversión para las prórrogas extraordinarias del 20 % del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional al 50 %.

b) Se incorporan dos nuevos supuestos a los que puede destinarse la contribución económica: “construcción o mejora de infraestructura portuaria básica, consistente en obras de abrigo, dragados, obras de atraque y explanadas” y “construcción o mejora
de infraestructuras e instalaciones básicas para el suministro de combustibles alternativos o de electricidad a los buques.

Cambios normativos en las prórrogas de las concesiones portuarias estatales.

Puerto de Barcelona, Marina vela, hotel Vela

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado  la modificación del artículo 82,2 del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre,  que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,  que regula el régimen jurídico de las prórrogas de las concesiones portuarias.

El cambio introduce mejoras significativas en el régimen de prórrogas, que debería afectar a las instalaciones náuticas en el ámbito de competencia de Puertos del Estado.

La regulación será aplicable a todas las concesiones vigentes y a los expedientes de prórroga del plazo concesional que se encuentren en fase de tramitación.

La norma permite las prórrogas que superen los 50 años por contribución económica destinada a la financiación  de la mejora la posición competitiva de los puertos en su área de influencia y la intermodalidad en el transporte de mercancías mediante entre otras:    

• Construcción o mejora de infraestructura portuaria básica, consistente en obras de abrigo, dragados, obras de atraque y explanadas.

• Construcción o mejora de infraestructuras e instalaciones básicas para el suministro de combustibles alternativos o de electricidad a los buques durante su estancia en el puerto.

La nueva inversión adicional, la contribución económica comprometida o la suma de ambas, deberá ser superior al 50 por ciento del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional, sin incluir las inversiones comprometidas en reposición.

Por otro lado, se elimina la necesidad de que haya transcurrido como mínimo la tercera parte del plazo de vigencia de la concesión, permitiendo así una adaptación a las necesidades de inversión.

Se mantiene la capacidad discrecional de las Autoridades Portuarias.